La minería, metálica y no metálica, se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes del país, dirigida básicamente a la exportación de materias primas. Una parte importante de las divisas y decenas de miles de puestos de trabajo dependen de la actividad minera, y ésta goza del apoyo y de la prioridad por parte del Estado.

A pesar de su indiscutible importancia económica, la actividad minera se ha transformado en una de las industrias más contaminadoras del medio ambiente, lo que no es justificable desde ningún punto de vista.

Las grandes refinerías, como La Oroya e Ilo, contaminan la atmósfera con humos tóxicos y las aguas con desechos altamente contaminantes, que son echados al medio ambiente casi sin ninguna restricción, a pesar de que las normas legales obligan a controlar los impactos negativos.

Muchos centros mineros, dispersos en toda la serranía, a través de sus concentradoras, vierten a los lagos y ríos millones de toneladas de relaves o aguas de cola. Decenas de ríos (Santa, Rímac, Mantaro, Huallaga, Moche, Churín, etc.) se están transformando en ríos muertos, no sólo con consecuencias para los recursos hidrobiológicos sino también para las actividades agrícolas y pecuarias.